El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado una inversión de 25 millones de euros para adquirir viviendas destinadas al realojo de las personas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia. La medida fue presentada tras una reunión telemática con alcaldes de las zonas más perjudicadas, encabezada por Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Rodríguez explicó que esta línea permitirá ofrecer soluciones inmediatas para quienes necesitan un lugar donde vivir mientras rehabilitan sus propiedades con el respaldo de las ayudas complementarias activadas por el Gobierno. Asimismo, señaló que este modelo sigue la estrategia empleada con Sareb, que ya ha puesto a disposición 150 inmuebles en condiciones de ser ocupados en los próximos días.
La ministra destacó que el Ejecutivo ha cuadruplicado los apoyos en materia habitacional, extendiéndolos por primera vez a los inquilinos, quienes también pueden reclamar compensaciones por daños en enseres. Este enfoque garantiza una protección integral para todas las personas afectadas, sin importar su régimen de ocupación.
Además, se anunció la disposición de terrenos públicos para futuras iniciativas municipales de construcción, en línea con el compromiso gubernamental de responder tanto a la emergencia actual como a necesidades estructurales de largo plazo.
Adaptación urbanística frente al cambio climático
Rodríguez hizo un llamamiento a reforzar el planeamiento urbanístico en los municipios, adaptándolo a los riesgos asociados al cambio climático. Resaltó que solo 11 de los 78 ayuntamientos afectados por la DANA tienen planes actualizados posteriores a 2007, cuando se incorporaron criterios relacionados con la inundabilidad en los proyectos de desarrollo urbano.
Para apoyar esta transición, el Gobierno ha asignado 10 millones de euros destinados a planes locales que integren medidas de resiliencia climática en las localidades más expuestas.
Requisitos de las viviendas para realojos
Las propiedades adquiridas mediante este programa deben cumplir criterios estrictos que aseguren su utilidad para los afectados:
- Ser de nueva construcción o de segunda mano.
- Figurar inscritas en el Registro de la Propiedad y estar libres de cargas o ocupantes.
- Contar con suministros básicos, como agua y electricidad, listos para ser contratados.
- Tener una superficie útil mínima de 35 m² con cocina, salón, dormitorio y cuarto de baño.
- Cumplir con la normativa urbanística vigente y disponer de la certificación energética requerida.
La gestión de estas adquisiciones correrá a cargo de SEPES, garantizando que todas las propiedades seleccionadas cumplan con los estándares necesarios.
La convocatoria estará abierta a partir del día siguiente a su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y las solicitudes podrán presentarse durante un periodo máximo de 10 meses. Cada propuesta deberá incluir una sola vivienda, aunque los interesados pueden presentar múltiples ofertas si disponen de más inmuebles.
Las solicitudes se presentarán preferentemente a través de la sede electrónica de SEPES, mediante el procedimiento de Instancia Genérica habilitado en su página oficial.
Urbanismo para un futuro sostenible
El plan del Gobierno no solo busca ofrecer soluciones inmediatas a los afectados, sino también establecer bases más sólidas para prevenir catástrofes futuras. Isabel Rodríguez enfatizó la necesidad de reformar la Ley del Suelo para adaptarla a los desafíos actuales, como la gestión de inundaciones en el diseño de nuevas infraestructuras.
Estas medidas, unidas a la inversión en suelo público y el respaldo a los municipios, pretenden garantizar un desarrollo urbanístico que priorice la seguridad y el bienestar de las comunidades más vulnerables.
La inversión de 25 millones de euros para el realojo de damnificados en Valencia refleja el compromiso gubernamental con quienes han sufrido las consecuencias de la DANA. Además de cubrir necesidades inmediatas, las medidas propuestas apuntan a fortalecer la planificación a largo plazo, incorporando criterios sostenibles y climáticamente responsables en el desarrollo urbano.
