Dos decretos reordenan la política de vivienda
El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos con nuevas medidas sobre vivienda y alquiler. El paquete incluye cambios en los contratos de arrendamiento, la protección frente a desahucios, la fiscalidad y el acceso a la primera vivienda.
Las medidas llegan tras las movilizaciones registradas por el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años con movilidad reducida que fue desahuciada de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas en el distrito madrileño de Retiro.
El Ejecutivo ha optado finalmente por dividir las actuaciones en dos textos diferentes.
El primero concentra la mayor parte de las medidas. El segundo incorpora la renovación automática de determinados contratos de alquiler tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar.
El Gobierno ha solicitado al Congreso la convocatoria de un pleno extraordinario para proceder a la convalidación de ambos decretos.
Protección frente a desahucios hasta 2030
Uno de los cambios incluidos en el primer decreto es la ampliación hasta 2030 de la protección frente a desahucios para personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de una alternativa habitacional.
El texto prolonga así esta cobertura durante varios años más y la integra dentro del nuevo conjunto de medidas aprobado por el Gobierno.
La norma también contempla la posibilidad de extender durante dos años determinados contratos de alquiler vigentes.
En concreto, podrán acogerse a esta prórroga los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Esta medida se suma al contenido del segundo decreto, que introduce un mecanismo adicional relacionado con la continuidad de los arrendamientos.
Renovación automática de determinados contratos
El segundo real decreto recoge la renovación automática de los contratos de alquiler, aunque su aplicación estará sometida a salvaguardas y a determinadas circunstancias.
La medida surge del acuerdo entre los socios del Gobierno y constituye uno de los elementos más relevantes del paquete aprobado.
El objetivo es introducir una mayor continuidad en determinados contratos residenciales.
La información facilitada por el Ejecutivo señala que este mecanismo no operará de manera generalizada, sino bajo las condiciones establecidas en la norma.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, destacó tras el Consejo de Ministros la aprobación de una regulación que calificó como ambiciosa.
Restricciones a las compras de vivienda por fondos
El primer decreto introduce además una prohibición de compras por fondos buitre hasta 2028.
La medida forma parte de las actuaciones con incidencia directa sobre la inversión residencial.
El texto limita temporalmente este tipo de operaciones dentro del mercado de vivienda.
Esta disposición se añade a otras modificaciones relacionadas con el comportamiento de los inversores y con la orientación de determinados vehículos inmobiliarios.
El paquete aprobado por el Ejecutivo también incorpora cambios en la fiscalidad de las socimis.
Cambios fiscales para las socimis
La normativa incluye una reforma de la fiscalidad de las socimis con el propósito de orientar su inversión hacia vivienda asequible.
El Gobierno introduce así un nuevo elemento regulatorio para estos vehículos de inversión inmobiliaria.
La modificación se integra dentro de una estrategia más amplia que combina cambios en alquiler, fiscalidad y vivienda pública.
Las medidas afectan a diferentes segmentos del mercado residencial y abren un nuevo escenario regulatorio para propietarios, operadores e inversores.
El texto aprobado también incorpora medidas específicas para el alquiler turístico, de temporada y por habitaciones.
Más control sobre alquileres temporales y de habitaciones
El Ejecutivo plantea una regulación destinada a evitar el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones.
Estos formatos quedan así incluidos expresamente dentro del paquete normativo.
La medida pretende introducir un mayor control sobre modalidades de arrendamiento distintas al alquiler residencial convencional.
Además, el decreto introduce un cambio tributario sobre las viviendas destinadas a uso turístico.
Estos inmuebles pasarán a estar gravados con un IVA del 10%.
Hasta ahora, según recoge la noticia, este tipo de alquiler estaba exento del pago de este impuesto.
Un IVA del 10% para el alquiler turístico
La aplicación de un IVA del 10% al alquiler turístico constituye otra de las novedades con impacto directo sobre este segmento del mercado.
El cambio modifica el tratamiento fiscal que tenían hasta ahora estas viviendas.
La medida se incorpora junto a las actuaciones para regular alquileres temporales y por habitaciones.
Con ello, el Gobierno agrupa en el mismo paquete distintas iniciativas relacionadas con la utilización de viviendas fuera del alquiler residencial tradicional.
El decreto también incluye medidas fiscales dirigidas directamente a los arrendatarios.
Bonificaciones para determinados inquilinos
El Gobierno ha aprobado bonificaciones fiscales para inquilinos con determinados niveles de renta.
Estas ayudas estarán dirigidas a personas con ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros.
La cuantía de la bonificación se graduará en función del nivel de ingresos de cada arrendatario.
El objetivo planteado es reducir el esfuerzo económico que soportan las familias que viven de alquiler.
Esta actuación se complementa con nuevas fórmulas destinadas a facilitar la adquisición de una primera vivienda.
Financiación al 0% para acceder a la primera vivienda
El Ejecutivo pondrá en marcha un mecanismo denominado Tu Casa destinado a facilitar el acceso a la primera vivienda.
El sistema permitirá adelantar financiación a las familias mediante un crédito hipotecario con un tipo de interés del 0%.
La medida se incorpora al paquete como una vía específica de apoyo a quienes buscan adquirir su primer inmueble.
El instrumento convivirá con otras iniciativas centradas en el alquiler y en la ampliación del parque público residencial.
Más peso para la vivienda pública
El decreto también incluye medidas relacionadas con el parque público de vivienda.
El texto refuerza el modelo de Casa 47 y activa mecanismos destinados a incrementar la oferta pública.
Además, establece una reducción fiscal específica para determinados inmuebles.
Las viviendas de promoción pública y la vivienda protegida pasarán a beneficiarse de un IVA superreducido.
El tipo previsto será del 4%.
Esta rebaja forma parte del conjunto de medidas que buscan reforzar la vivienda pública y protegida.
Un nuevo escenario para el mercado residencial
Los dos decretos aprobados introducen cambios en diferentes áreas del mercado inmobiliario residencial.
Las medidas afectan a propietarios, inquilinos, socimis, operadores de alquiler turístico y determinados inversores.
También incorporan nuevas fórmulas de financiación y actuaciones dirigidas al parque público.
El paquete combina límites temporales a determinadas compras, extensión de contratos, modificaciones tributarias y mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda.
Su entrada en vigor definitiva queda ahora ligada al proceso de convalidación parlamentaria solicitado por el Gobierno.
El Ejecutivo ha pedido un pleno extraordinario del Congreso para que ambos textos puedan ser ratificados.
